No se trata sólo de Garzón.

Vivimos en un lugar extraño. El único país europeo con miles de cadáveres enterrados bajo tierra sin que se lleven a cabo políticas públicas para solucionarlo. Un país en el que basta un puñado de titulares y un par de declaraciones para que se enciendan los ánimos. Un país en el que hablar del franquismo es ir directo al saco de los “fachas” o el de los “rojos” y se abre la Caja de Pandora del resentimiento y el odio; un odio que con el paso de los años se ha vuelto rancio y peligroso, más irracional que nunca.

Aunque quiero con locura el lugar en el que vivo, muchas veces me avergüenzo. Vergüenza es lo que siento con el juicio a Garzón por presunta prevaricación por querer investigar los crímenes del franquismo. Porque hay demasiadas cosas que huelen a podrido en todo esto.

Existen dos análisis, irremediablemente unidos: el jurídico y el político. No me parece bien que los defensores de Garzón se escuden en la larga lista de los éxitos de un juez que, aunque valiente, también ha cometido muchos fallos. Tampoco entiendo que los que atacan a Garzón se valgan únicamente del argumento legal que, aunque cierto, es insuficiente. Porque aquí no entran sólo cuestiones legales e incluso cuando se habla de la ley, tampoco hay verdades absolutas.

Quizá convenga refrescar la memoria y rescatar algunos hechos. El juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, decidió admitir a trámite una querella presentada conjuntamente por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las Jons (ésta fue expulsada del caso). Aunque esta no es la única acusación contra el juez Garzón (falta por resolver qué pasará con el Banco Santander y con las escuchas ilegales del caso Gürtel), sí es la más importante, la más mediática, la que nos saca los colores en otros paises, la que deja ver los fallos de unas instituciones sólo aparentemente sólidas.

El viernes pasado unos cientos de personas protestaron frente a la Audiencia Nacional porque el Consejo General del Poder Judicial había decidido la la suspensión del juez Garzón. Quizá no fue lo correcto pero, a veces, los sentimientos pueden más. Digo quizá porque esa suspensión obedece en todo a la ley; es una medida cautelar que se aplica a cualquier juez que esté siendo enjuiciado. Pero aunque la decisión sea legal, resulta cuanto menos curioso que se adoptase en reunión extraordinaria (qué rapida es la Justicia a veces) justo el día después de que Baltasar Garzón solicitara su traslado a la Corte Penal Internacional. Y es que un juez que no está en activo en principio no puede solicitar su traslado.

Esto no es lo único que chirría. Luciano Varela denegó las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón y, teniendo pendiente la resolución del recurso presentado contra esa decisión, ordenó la apertura del juicio oral. En cambio, el escrito de acusación de Manos Limpias ha sido corregido no una sino hasta tres veces (la última fuera de plazo) y, lo que es más sorprendente, en la corrección de ese escrito ha intervenido, directamente, el mismo juez que instruye la causa: Luciano Varela. Esta actuación, de dudosa legalidad hizo que Garzón solicitara la recusación de este juez, pero también ésta ha sido rechazada. Mientras tanto, por cierto, el Tribunal Supremo sigue sin responder la solicitud planteada por varias Asociaciones de Memoria Histórica para presentarse en el caso.

Mencionarán los detractores de Garzón la Ley de Amnistía de 1977. Pero yo me pregunto, ¿acaso no se puede poner en duda no ya la legalidad de esa ley sino que incluso puedan existir otras vías para juzgar a quienes cometieron delitos durante el franquismo? En cuanto a lo primero, no está de más recordar que en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la Ley antes mencionada. Además, también podríamos acordarnos de Argentina (que manía tenemos aquí de mirarnos al ombligo), cuya Ley de Punto Final fue anulada hace algunos años. Y en cuanto a lo segundo ¿qué pasa con el Derecho Internacional y la imprescriptibilidad de algunos delitos, entre ellos el genocidio o los crímenes de lesa humanidad? Según dice hoy en EL PAIS el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, no se le puede dar a la Ley de Amnistía el valor de “ley de que blindaría e impediría cualquier investigación sobre los crímenes del pasado”. Aunque muchos de los culpables de los crímenes no puedan ser condenados, si podrían ser, al menos, juzgados. Pero es que además, investigar el franquismo es también investigar las desapariciones de niños, asunto sobre el que todo el mundo calla.

En todo caso cabe por lo menos esperar en un país democrático el valor simbólico de una sentencia, la voz de un Estado que reconoce los trágicos errores del pasado y permite en lo posible reparar a quienes siguen sufriendo las consecuencias de los delitos y las desapariciones. No está de más recordar que desde que el juez Baltasar Garzón se inhibiera a favor de los juzgados territoriales en el tema de las de las fosas comunes, este país se divide entre las autonomías que sí ayudan a las familias en las exhumaciones y las que ponen obstáculos para ello. Una muestra más de la extrañeza nacional. ¿Es ingenuo pretender que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo con el aparato institucional para permitir que las familias entierren a sus muertos donde quieran?

Si hay algo incomprensible en todo esto es que al final España no sea capaz de juzgar su propia dictadura. Buena parte de la sociedad española considera que todavía hay mucho que hacer para curar las heridas abiertas en 1936, sangrantes durante el franquismo. No sé que opinareis vosotros. Pero a mí me parece sorprendente seguir discutiendo sobre lo que pasó hace más de 30 años. No es egoismo, es perplejidad al descubrir que el resentimiento en este país está condenado a reaparecer como una enfermedad que no tiene cura. Salvo que, informándonos, discutiendo y hablando, avancemos.